La plataforma pone fin a su modelo híbrido tras años bajo la lupa de la Inspección de Trabajo y permitirá a los ‘riders’ pasar a flotas colaboradoras como asalariados
Uber Eats ha anunciado que dejará de colaborar con repartidores autónomos en España con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley Rider, aprobada hace cuatro años. La compañía, que era la última gran plataforma de reparto que mantenía esta modalidad, se encontraba en el foco de la Inspección de Trabajo y ha manifestado ahora su compromiso de adaptarse plenamente a la normativa laboral vigente.
Según ha explicado la empresa, la decisión busca también poner fin a los conflictos abiertos con repartidores y sindicatos. Los ‘riders’ que actualmente operan como trabajadores por cuenta propia podrán seguir utilizando la aplicación de Uber Eats, pero lo harán como empleados asalariados a través de las flotas colaboradoras con las que trabaja la compañía.
Hasta ahora, Uber Eats operaba en España con un modelo híbrido: una parte de sus repartidores estaba contratada por subcontratas, conocidas en el sector como flotas, y otra trabajaba como autónoma. Aunque la empresa no ha facilitado cifras concretas, diversas fuentes del sector aseguran que el peso de los autónomos se había reducido “de forma muy significativa” en los últimos meses.
El anuncio llega seis meses después de que Glovo comenzara a contratar a sus repartidores y pusiera en marcha un nuevo modelo laboral el pasado 1 de julio.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había advertido a Uber Eats en octubre, durante una comparecencia pública, de la necesidad de transitar hacia un modelo de contratación laboral. Aunque la plataforma empezó a trabajar con flotas tras la aprobación de la Ley Rider, en marzo de 2022 volvió a aceptar repartidores autónomos al considerar que competía en desventaja frente a Glovo, que entonces mantenía ese sistema. Ambas compañías defendieron durante años que el modelo era compatible con la legislación, pese a los pronunciamientos judiciales en contra.
Pese al fin de la colaboración con autónomos, el sector no da por cerrado el conflicto laboral. El principal frente sigue siendo las condiciones de trabajo de los repartidores contratados a través de flotas. La mayoría de estas empresas aplica el convenio de mensajería, un marco laboral que no se actualiza desde 2007 y que muchos consideran obsoleto.
La falta de renovación del convenio se traduce en salarios mínimos y en carencias materiales: en numerosos casos, las empresas no proporcionan ni vehículo ni teléfono móvil, obligando a los repartidores a utilizar medios propios para desarrollar su trabajo. Un escenario que mantiene abierto el debate sobre la calidad del empleo en un sector que continúa en pleno proceso de consolidación.
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