La Unión Europea marca un hito en la lucha por la justicia laboral al aprobar la ley rider, una medida destinada a mejorar las condiciones de trabajo en las plataformas digitales y combatir el problema de los falsos autónomos. Este paso histórico representa un avance significativo hacia la protección de los derechos de los trabajadores en un entorno laboral cada vez más digitalizado.
Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) han dado luz verde este lunes a una decisión trascendental: la aprobación de la ley rider, una directiva diseñada para mejorar las condiciones laborales en las plataformas digitales y reducir la prevalencia de falsos autónomos en estas empresas.
El respaldo se concretó durante la reunión de los titulares de Empleo de los Veintisiete en Bruselas, donde Estonia y Grecia, naciones que anteriormente se habían abstenido, anunciaron su apoyo a esta ley. Con estos cambios de posición, el texto legislativo ha logrado el respaldo necesario para avanzar, tras dos intentos fallidos previos.
Esta legislación tiene como objetivo clarificar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, con el fin de erradicar la práctica del falso trabajo autónomo y garantizar condiciones laborales más justas.
"Puedo concluir con satisfacción que el Consejo (los países miembros) ha aceptado el texto final de compromiso sobre la directiva destinada a mejorar las condiciones de trabajo en las plataformas", declaró el ministro belga de Trabajo, Pierre-Yves Dermagne, durante la reunión, presidida por Bélgica este semestre.
Aunque Alemania y Francia no respaldaron la directiva, destacando su abstención y voto en contra respectivamente, el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, celebró este paso como una contribución significativa a nivel europeo y más allá de las fronteras del continente.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoció que el acuerdo del 8 de febrero "no es perfecto" y "no entusiasma" a España debido a posibles disparidades en la protección de los trabajadores, pero lo respaldó como un avance hacia una Europa progresista.
Díaz ha sido una de las principales impulsoras de esta directiva europea, inspirada en la ley española sobre riders aprobada en agosto de 2012, que busca redefinir el estatus laboral de aquellos que trabajan en estas plataformas.
El acuerdo alcanzado en febrero con el Parlamento Europeo garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados y prohíbe el uso de ciertos datos personales. También se asegura una supervisión humana de las decisiones automatizadas y se establece una presunción legal para determinar la situación laboral adecuada de los trabajadores en estas plataformas.
Una vez completados los procedimientos formales de adopción, los Estados miembros tendrán dos años para incorporar estas disposiciones a su legislación nacional, lo que incluye una presunción legal que facilitará la identificación de falsos autónomos en las plataformas digitales.