El combate del Ministerio de Trabajo contra la problemática de los falsos autónomos continúa avanzando. Entre enero y septiembre, la Inspección de Trabajo logró regularizar la situación de 29,899 trabajadores que estaban siendo víctimas de esta forma de explotación laboral. En este tipo de abuso, los empleados, que realizan sus tareas como contratados convencionales, son clasificados como autónomos, lo que permite a las empresas reducir sus costos de cotizaciones a la Seguridad Social debido a las menores protecciones brindadas a los autónomos.
Según datos obtenidos por EL PAÍS, el Ministerio de Trabajo, dirigido en funciones por Yolanda Díaz, ha identificado un total de 88,074 falsos autónomos desde 2020, cifra que se eleva a 110,457 si se considera el año 2019, cuando el Partido Socialista gobernaba en solitario.
Estas acciones de la Inspección de Trabajo también han tenido un impacto positivo en las finanzas de la Seguridad Social. La cantidad recaudada a través de los procesos de liquidación de cuotas pendientes asciende a 323,93 millones de euros desde 2020, gracias a 41,992 actuaciones que resultaron en la identificación de 45,791 infracciones. El año con el mayor número de infracciones detectadas fue 2022, con 27,380 casos, mientras que hasta el noveno mes de 2023 se identificaron 14,363 infracciones.
Hasta septiembre, se han destapado casi 30,000 casos de falsos autónomos, lo que podría llevar a que 2023 se convierta en el año con el mayor número de regularizaciones desde que se tienen registros. El récord se estableció en 2022, con 38,779 empleos regularizados, un aumento del 313% en comparación con el año anterior, que contabilizó alrededor de 9,400 empleos regularizados. En 2020 se regularizaron 9,907 empleos y en 2019, 22,383. Estos datos reflejan un crecimiento significativo en comparación con la etapa en que Mariano Rajoy estaba en el Gobierno, ya que en 2015 se mejoró la situación de solo 1,574 falsos autónomos, 1,103 en 2016 y 1,845 en 2017.
Aunque no se ha revelado la distribución por sectores de las regularizaciones de falsos autónomos en 2023, en los años anteriores se concentraron principalmente en el sector del transporte y almacenamiento, con 40,793 de los 80,468 empleos regularizados entre 2019 y 2022, lo que representa el 50.7% del total. Para abordar este problema, el Gobierno aprobó la "ley rider", que obliga a las plataformas digitales a regularizar la situación de sus repartidores. Sin embargo, algunas empresas, como Glovo, siguen recurriendo a la figura del falso autónomo para evitar la relación laboral con los trabajadores, a pesar de múltiples decisiones judiciales en contra. Este modelo no solo reduce los costos de cotización, sino que también ahorra dinero cuando los repartidores no están trabajando, a diferencia de un modelo laboral convencional, donde los períodos de inactividad sí se remuneran.
Ante estas irregularidades, el Gobierno modificó el Código Penal para imponer penas de prisión de hasta seis años por la "contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo" de manera repetida. El Ministerio de Trabajo incluso ha dado un ultimátum a empresas como Glovo, sin mencionarlas directamente. En agosto, el secretario de Estado de Empleo declaró: "Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales".
Más allá del transporte y el almacenamiento, los falsos autónomos identificados entre 2019 y 2022 se distribuyen en otros sectores, como el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos (12.8%), actividades administrativas y servicios auxiliares (10.9%), industria manufacturera (6.7%), información y comunicaciones (5.2%), educación (3.2%), actividades sanitarias y de servicios sociales (3.1%), y construcción (2.2%).
Esta lucha contra los falsos autónomos ha tenido un impacto en la cifra total de trabajadores autónomos en España, que ha experimentado un crecimiento del 0.7% en los últimos dos años, mientras que el régimen general ha aumentado un 8.8%. Las campañas contra los falsos autónomos desde 2019 han llevado a la salida de muchos de ellos del sistema, y las empresas ahora son más cautelosas a la hora de recurrir a esta práctica debido a las sanciones económicas severas y la exigencia de pagar las cotizaciones correspondientes.
Según expertos en el campo, estas regularizaciones han sido fundamentales en la desaceleración del crecimiento de los trabajadores autónomos en España. María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), señaló que "antes, la Inspección no actuaba y las empresas recurrían más fácilmente a esta figura". Además, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), advirtió sobre la persistencia de esta problemática en sectores como la medicina, la consultoría y la comunicación, y estimó que hay alrededor de 300,000 falsos autónomos en España.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, mencionó un "trasvase" de autónomos al régimen general como resultado de estas acciones, lo que significa que se está recuperando un tipo de empleo más asalariado, lo cual es visto como una evolución positiva. En general, las regulaciones de falsos autónomos han contribuido a frenar el crecimiento del número de trabajadores autónomos en el país.
Fuente: El País