La Fiscalía Provincial de Barcelona ha iniciado una investigación sobre Glovo para determinar si la empresa de reparto está cometiendo un delito laboral al utilizar presuntamente falsos autónomos. La acción se desencadena tras un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que alertó sobre la posible vulneración de los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha iniciado una investigación sobre la empresa de reparto Glovo para determinar si está involucrada en un posible "delito contra los derechos de los trabajadores" al supuestamente emplear falsos autónomos. Esta acción surge a raíz de un informe presentado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cual fue remitido a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre. En dicho informe, la Inspección de Trabajo alertaba a la Fiscalía sobre la conducta de las empresas mercantiles de Glovo, considerando que podría constituir un delito laboral.
El informe detalla múltiples casos de repartidores que trabajan como autónomos según Glovo, pero que según la Inspección de Trabajo deberían ser considerados trabajadores asalariados. Desde el Ministerio de Trabajo han indicado que la empresa podría estar infringiendo el Código Penal al no reconocer a sus repartidores como empleados asalariados, tal como exige la ley rider.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anunciado previamente que se solicitaría a la Fiscalía General del Estado investigar posibles violaciones de los derechos laborales por parte de empresas de reparto. Aunque señaló que la mayoría de las compañías cumplen con la normativa, advirtió que aquellas que no lo hagan enfrentarán las consecuencias legales pertinentes.
Díaz también mencionó las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a Glovo por la falta de cotización de sus empleados, por repetidas violaciones de la normativa y por obstaculizar la labor inspectora. La siguiente fase implica la intervención de la Fiscalía General del Estado para determinar si algunas de estas empresas están incurriendo en delitos penales en España.