Las tensiones en el mundo de las plataformas de reparto a domicilio continúan en aumento, esta vez con Élite Taxi y otras asociaciones como Riders x Derechos y Taxi Project 2.0 presentando una denuncia penal contra Uber Eats ante la Audiencia Nacional.
En esta querella, se acusa a la multinacional de haber contratado falsos autónomos de manera sostenida desde 2017, bajo lo que se describe como una posible "organización criminal". Se imputan a la empresa delitos que incluyen estafa, fraude a la hacienda pública y a la seguridad social, así como violaciones de los derechos de los trabajadores.
En el comunicado emitido para detallar los fundamentos de la denuncia, estas asociaciones señalan que desde enero de 2017, Uber Eats ha consolidado su presencia en España mediante la utilización de falsos autónomos, contribuyendo al rápido crecimiento del mercado de reparto a domicilio. En este contexto, se han observado carencias importantes en cuanto a derechos laborales fundamentales, como jornadas laborales limitadas, salarios mínimos, ausencia de vacaciones, licencia por maternidad y desempleo.
La entrada en vigor de la Ley Rider llevó a Uber Eats a cambiar su modelo, pasando de utilizar principalmente falsos autónomos a externalizar parte de su actividad a través de empresas subcontratadas con contratos temporales para los repartidores. Las asociaciones, encabezadas por Élite Taxi, alegan que esta transición se hizo para "simular empleos en beneficio propio y en detrimento de los trabajadores" con fines de lucro personal por parte de la empresa.
Uber Eats ha establecido un modelo híbrido que permite a repartidores autónomos colaborar con la plataforma, argumentando que garantiza su independencia. Además, se establece una relación contractual con repartidores que así lo deseen a través de terceras empresas. La empresa defiende la legalidad de ambos modelos y afirma estar comprometida en cumplir con la regulación vigente.
Las asociaciones que han presentado la denuncia destacan que en diciembre de 2022, Uber Eats llegó a un acuerdo en la Audiencia Nacional para regularizar la situación de 4.404 trabajadores e indemnizarlos por el despido colectivo que ocurrió cuando entró en vigor la Ley Rider. Según Élite Taxi, este acuerdo reconoce la existencia de conducta ilegal.
Los taxistas buscan determinar la cantidad presuntamente defraudada por Uber Eats y el daño causado a los trabajadores para establecer las responsabilidades de la empresa en este asunto. Esta disputa entre Élite Taxi y Uber, que también ofrece servicios de taxi además de reparto a domicilio, tiene una historia larga de desacuerdos. El incidente más reciente fue una multa de casi 123.000 euros impuesta a Élite Taxi por la autoridad catalana de competencia en agosto pasado por promover un boicot contra Uber en 2020. Los intentos de impugnar esta multa no tuvieron éxito y los taxistas asociados a la plataforma se manifestaron en Barcelona en septiembre en contra de esta sanción.
Élite Taxi forma parte del Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS), que, junto con la organización de autónomos UATAE y el colectivo Riders X Derechos, ha denunciado a Glovo ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) por "falsear la competencia" y "actuar como un cártel" al "coordinar la estrategia comercial" de sus repartidores autónomos.
Fuente: El País